La segunda selva más importante de América Latina está siendo arrasada por las construcciones del Tren Maya. Este megaproyecto está causando daños irreversibles al manto acuífero de la región.
Sin los estudios ni permisos correspondientes, en uso de suelo forestal, cada día que pasa se talan cientos de árboles en completa ilegalidad, fraccionando desmedidamente una de las florestas más importante de México; mientras se pone en riesgo inminente al gran acuífero Maya.
Para el Tramo 6 se planea eliminar 1,453 hectáreas de selva virgen.
Activistas, ambientalistas exigen que se detengan las obras y se proteja el ecosistema maya. Ellos predican en el desierto. Su voz parece que no es escuchada o al menos no suenan tan fuerte como en el año 2018 otros sí se pronunciaban en contra del aeropuerto de Texcoco.
Además de los daños irreversibles al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y la corrupción son el principal cimiento de una obra millonaria que se vende como “progreso y desarrollo”, pero que no sabemos si nos va a costar más de lo que va a generar.
Con un presupuesto inicial de $120,000 millones de pesos, este megaproyecto de 1,460 km se ha convertido en un monumento a la impunidad y al abuso de poder que se vive en México. Para agosto del 2022 la proyección ha aumentado a $299,367 millones de pesos, convirtiéndolo en uno de los proyectos más costosos en la historia del país.
El Gobierno Federal, cada mañana, desde Palacio Nacional nos ha cacareado su combate a la corrupción y "que ellos no son como los de sexenios anteriores", sin embargo esta obra ha sido señalada por iniciarse sin los permisos ni estudios correspondientes, no sólo se ha convertido en un precedente para la ilegalidad —al continuar desmantelando la selva con todo y las suspensiones dictadas por un juez en Yucatán—, sino que también se ha caracterizado por contratar empresas previamente involucradas en actos de corrupción y proyectos que han causado daños masivos en nuestro país.
Como Grupo Carso, encargados de la construcción de la línea 12 del metro que colapsó en CDMX en 2021, Grupo México, responsable del mayor derrame de químicos en el Río Sonora en 2014 y posteriormente del derrame tóxico ocurrido en el Mar de Cortés en 2019; ambas empresas demandadas. La lista de empresas continúa.
La VIOLACIÓN a los derechos humanos de los pueblos indígenas también se ha generado: habitantes de las comunidades mayas han sido objeto de múltiples abusos, desde hacerlos firmar documentos que no coinciden con lo pactado oralmente, hasta ser desplazados de sus tierras con promesas falsas y negarles información sustancial del proyecto.
Se sigue vendiendo un concepto de inclusión por medio de una “consulta” que debió ser culturalmente adecuada y que viola los siguientes tratados y acuerdos que incluso la ONU ha señalado:
- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.
- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos.
Como ya lo mencionamos, la construcción del tren representa un daño irreversible al acuífero: En medio de una crisis de agua en varios estados de nuestro país, el gobierno prioriza la construcción de una obra que pone en riesgo la principal fuente de agua para el sureste de México: el gran acuífero Maya.
El sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, debajo de un suelo kárstico que fácilmente se desmorona, no sólo se caracteriza por su fragilidad, sino también por la carencia de filtración, esto quiere decir que cualquier sustancia que se derrame en la superficie pasa directamente al manto acuífero, significando un riesgo inminente de contaminación.
En el famoso tramo que va de Playa del Carmen a Tulum, se ha descubierto cuevas con estalactitas y estalagmitas, la vibración que provocará un tren es peligroso para el terreno y obviamente para los mismos usuarios.
Es inconcebible que en la segunda selva más importante de América, un ecosistema único que aloja especies en peligro de extinción como el jaguar y el grisón, endémicas como la dama blanca (pez ciego de cenotes) y una gran cantidad de especies de flora y fauna protegidas, se haya iniciado un proyecto de esta magnitud sin los permisos que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Sin una Manifestación de Impacto Ambiental. Sin Principio Precautorio (plan de acción en caso de afectaciones ambientales) sobre uso de suelo forestal (hasta hoy 29 de septiembre del 2022).
El Tren Maya es sin duda una destrucción del medio ambiente.
La construcción del tren es solo el principio, la falta de planeación y velocidad con la que se está llevando a cabo el proyecto abre la puerta a una detonación desmedida de desarrollo urbano y especulación inmobiliaria, un tipo de crecimiento acelerado que resulta en poblaciones marginadas, carentes de infraestructura pública y con altos niveles de delincuencia.
Indudablemente es un proyecto que compromete el futuro de la península, aunque nos quieran inventar el cuento de que traerá un desarrollo para los habitantes de la región.
Y es que hasta ahora no se han presentado proyecciones sobre los impactos y el crecimiento de las comunidades por las que va a pasar el tren.
Es urgente hacernos preguntas como: ¿Qué va a suceder cuando más personas migren a estas comunidades en busca de trabajo?, ¿dónde van a vivir?, ¿podrán estudiar?, ¿recibir atención médica?
¿Cuál va a ser el impacto cultural para el pueblo maya? ¿Cómo vamos a prevenir el crecimiento desproporcionado, los asentamientos irregulares, problemas de basura y desigualdades sociales que históricamente acompañan el progreso acelerado en este esquema de desarrollo tipo “polos turísticos”?
Entre procesos irregulares, violaciones de derechos humanos, empresas corruptas, falta de planeación bajo la falsa promesa de “movilidad sustentable”; el mal llamado Tren Maya atenta contra las y los mexicanos de múltiples formas, utilizando como principal recurso la división entre quienes habitamos este país.
Estar en contra del tren no es “oponerse al progreso” de las comunidades históricamente abandonadas. Estar en contra del proyecto Tren Maya es estar en contra del abuso de poder, la corrupción y la impunidad. Es luchar por un desarrollo sostenible, por el respeto a los pueblos originarios, a la legalidad, por la protección del agua y los ecosistemas de los que dependemos.
¿Aún estaremos a tiempo de detener los daños irreversibles?
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